En Colombia, la normativa que respalda la inclusión educativa y la atención a la diversidad de los estudiantes, incluyendo aquellos con síndrome de Down, está fundamentada en un marco legal sólido y principios constitucionales. La Constitución Política, en su artículo 13, consagra el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación, sentando así las bases para la equidad en el acceso a la educación sin importar las condiciones individuales.
La Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, se rige como un pilar fundamental al reconocer en su artículo 13 el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes. Esta normativa establece la obligación estatal de garantizar la participación plena y el respeto por la diversidad en los procesos educativos.
El Decreto 366 de 2009 complementa estas disposiciones al reglamentar la atención educativa a la población con discapacidad, ofreciendo directrices concretas para asegurar su acceso, permanencia y participación en los distintos niveles educativos del país.
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